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Presentan proyecto de ley para la producción nacional de misoprostol
Promovido por el diputado del Partido Justicialista Daniel Filmus, tiene el apoyo de otros 15 legisladores que también buscan incluir el desarrollo de mifepristona para la realización de abortos no punibles.

 

 

 


El propósito de este proyecto de ley es garantizar el derecho de las mujeres al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS para una segura interrupción del embarazo en los casos no punibles, con una disminución considerable de los riesgos, así como de los costos del sistema de salud en general”, consideró Filmus en un comunicado tras la presentación realizada el 24 de agosto.

 

Esta ley “garantiza la soberanía en materia de salud, ya que prevé que los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional deLaboratorios Públicos (ANLAP) produzcan misoprostol y mifepristona, que el Ministerio de Salud de la Nación los incluya en el Plan Médico Obligatorio y en el vademécum de los programas de medicamentos de cobertura gratuita, en sintonía con las medidas adoptadas por las provincias de Santa Fe y Río Negro, donde se prevé la pronta fabricación pública”, dijo el diputado. 

 

El proyecto promovido por Filmus lleva además las firmas de los diputados Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Cecilia Moreau, Araceli Ferrreyra, Silvia Lospennato, Mónica Macha, Verónica Mercado, Mayra Mendoza, Gabriela Estevez, Cristina Álvarez Rodríguez, Pablo Carro, Hugo Yasky y Roberto Salvarezza.

 

La OMS estima que la utilización de medicamentos esenciales es considerablemente menos costosa que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud. Según la información oficial proporcionada, mientras que en la actualidad el costo de una interrupción del embarazo es de $11.500, a través del método seguro costaría $1.914. 

 

El proyecto prevé que los laboratorios que integran la ANLAP realicen convenios con instituciones universitarias, científicas, organismos públicos y/o laboratorios privados que posean patentes de los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y estén habilitados a tales fines. Además, incluye la obligación de adecuar la partida presupuestaria de la ANLAP para proporcionar a los laboratorios públicos apoyo financiero para la producción de dichos medicamentos.

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