La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para avanzar en la compra de la vacuna contra el Covid-19 por medio de contratos que, a pedido de los laboratorios productores, los protejan jurídicamente ante eventuales juicios. Con 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones, ahora el proyecto pasa al Senado.

El proyecto, cuya sanción es reclamada con urgencia por el Ministerio de Salud, habilita a que los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica incluyan una serie de cláusulas que hoy no están contempladas en la legislación argentina para la compra de insumos médicos. Son cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial y cláusulas de confidencialidad.

“Esta no es una ley más -enfatizó el presidente de la Comisión de Salud, el diputado oficialista Pablo Yedlin-. Estamos aquí con una enorme responsabilidad. Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone. Y la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso. Pero, más allá de la emergencia, que quede claro que la Argentina sólo va a aplicar las vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas y registradas por el ANMAT”.

La iniciativa contó con el apoyo de los bloques opositores, salvo los de izquierda. “Estamos de acuerdo en actuar con celeridad para realizar las reservas de vacunas contra el coronavirus para que no nos pase como lo que nos pasó con los tests de diagnóstico y los respiradores”, sostuvo la diputada Carmen Polledo, de Juntos por el Cambio, vicepresidenta de la Comisión de Salud.

“Las grandes potencias compiten para ver quién llega a primerio a la meta en la compra de las vacunas. Pero hay que tener en claro que esto no significa que la primera vacuna que aparezca sea la más eficaz. Hay que ser muy cuidadosos: esto no debe ser un “vale todo” para las compras que realice el Ministerio de Salud, sino un desafío para investigar y revisar con el mayor detalle las contrataciones que se efectúen”, sostuvo, por su parte, el diputado Eduardo “Bali” Bucca, de Consenso Federal.

La prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero es una de las principales exigencias de los laboratorios en los contratos que se suscriban. Esta cláusula permitiría que los juicios que pudiesen entablarse por cualquier inconveniente en el proceso de compra de la vacuna no se realicen en la Argentina, sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se celebró el contrato.

La cláusula no regirá para “terceros residentes” en el país, sean “personas humanas o jurídicas”, quienes conservarán su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por sus contratos.

Por otra parte, el proyecto faculta a que los contratos a celebrarse incluyan cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias hacia quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas. “Las indemnizaciones van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros como compradores”, indicó Yedlin.

Además, y también a pedido de los laboratorios, los contratos incorporarían cláusulas de confidencialidad para que no se develen los datos técnicos de la vacuna. El proyecto también establece que las vacunas contra el Covid-19 no estarán gravadas con IVA ni impuestos aduaneros, y deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

Fuente: La Nación